Desde la Defensoría del Pueblo se afirmo que con un DNU el Gobierno Nacional debería urgentemente cambiar la Ley de Defensa de la Competencia para declarar Autoridad de Aplicación a los Intendentes y de esta manera podrán controlar precios en los comercios ubicado dentro de su ejido urbano el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, afirmo que los intendentes hoy tienen el control bromatológico de los productos alimenticios que se venden, pero no tienen el control de los precios, y ante el avance de la pandemia del Coronavirus, nos encontramos con los vivos de siempre que quieren hacer sus negocios a costillas de los trabajadores públicos y privados, especialmente tenemos que proteger a los cuentapropista que hoy no pueden llevar ninguna suma de dinero a su grupo familiar y en este contexto de la emergencia sanitaria, ya no se habla de la depreciación de los salarios, ni tampoco de la falta de capacidad económica de compra de alimentos, elementos de higiene y medicamentos de los consumidores, tampoco nadie dice nada de la inflación o de las remarcaciones de precios donde las empresas productoras de alimentos y los laboratorios, junto a los bancos continúan siendo los únicos sectores con abultadas ganancias y con el antecedente de que durante cuatro años hicieron lo que quisieron frente a un estado ausente, y donde los precios eran fijados unilateralmente y por ello es que necesitamos de manera inmediata transparencia en toda la cadena de comercialización y fuertes controles, “coordinados entre el estado nacional, provincial, municipios y las defensorías del pueblo con el apoyo de la gente” Gialluca señalo que no podemos estar ahora discutiendo si la decisión se centra en enmarcarla dentro de la Ley de Defensa de la Competencia o de Ley de Abastecimiento o de Ley de Lealtad Comercial.

En el día de ayer en horas de la mañana en la sede de la Defensoría del Pueblo, se llevó a cabo una nueva Reunión de Trabajo, con proveedores de frutas y verduras, oportunidad en que tanto la firma Aguirre Hnos. S.R.L. y Alberto Arrua Barrios, que se dedican a la compraventa mayoristas de frutas y verduras en los Puestos 7,9 y 31 respectivamente del Mercado Frutihortícola de Formosa, donde fueron recibidos por el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, el Representante de la Defensoría del Pueblo de Nación Dr. Julio Néstor Santander y la asesora legal Mariela Cáceres, siendo que, el Ombudsman puso en conocimiento de las partes la finalidad de la presente reunión, esto es, la necesidad de que los consumidores conozcan los precios de estos productos de primera necesidad a fin de no ser engañados en su buena fe e intereses económicos y, más aun, teniendo en consideración la prohibición de circular dispuesta por el Gobierno Nacional y Provincial a raíz de la Pandemia del coronavirus.

Tal cual lo había expuesto y peticionado el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, a la Secretaria de Comercio Interior Lic. Paula Español, que era necesario el dictado urgente de Instrumentos Legales con la finalidad de que también sean fiscalizados los centenares de pequeños comercios de todo el País, detallándose que en Provincias como la nuestra, existen centenares de Pequeños Comercios que cumplen un rol social muy importante en esta situación de aislamiento social por la pandemia del coronavirus, donde miles de grupos familiares, no tienen la posibilidad de concurrir a los grandes hipermercados, donde se encuentran promociones y una mayor posibilidad de ofertas en sus góndolas, por lo cual recibimos Reclamos y Denuncias de sobreprecios importantes en los antes citados.

El día viernes, fui destinatario de una artera agresión pública y hasta el momento gratuita del Sr. Diego Madoeri a mi persona, la cual no me deja otra alternativa, en los términos de la Ley Nacional Nº 23.054, que el ejercicio de mi Derecho a Réplica, cabe acotar, siempre respetado por este multimedios lo que destaco como una actitud puramente democrática.

Desde la -Dirección de Prensa- de la Defensoría de la Provincia de Formosa, en acuerdo con el cuerpo de asesores del Defensor del Pueblo, resolvieron “hacer la denuncia pública” de una campaña tendiente a “desacreditar” el trabajo realizado por el Organismo de la Constitución, atacando arteramente las expresiones y fundamentalmente las acciones llevadas adelante por el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, a fin de contener los aumentos en los precios de los productos de la canasta básica familiar.