AFIRMARON DESDE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO QUE EL RECLAMO A FAVOR DE DECRETAR LA EMERGENCIA ALIMENTARIA NO SE HACE PARA DEBILITAR AL GOBIERNO NACIONAL SINO PARA CONTENER A QUIENES NO TIENEN NI PARA COMER

Mientras movimientos sociales, partidos políticos, iglesias, CGT, y otros, coinciden en que es necesario y urgente declarar la emergencia alimentaria, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se señaló que lo que no se dice claramente hasta ahora es en qué consiste la emergencia antes citada.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló que, más allá de las cuestiones de si la misma sale por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional o por Ley del Congreso, “lo que se le está pidiendo a gritos al Gobierno Nacional es que reconozca la profunda crisis social y económica, en donde cada día que pasa hay más gente, niños y mujeres en situación de calle o de pobreza”. Según el INDEC, la pobreza afecta al 46,8% de los menores de 14 años y el 14,5% de los niños pasaron hambre en el último año. Por otro lado, la Universidad Católica Argentina, aseguró que 4 de cada 10 niñas/os y adolescentes se alimentan en comedores comunitarios, otros en comedores escolares y todo ello se potencia con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que detalla cómo el Gobierno Nacional devaluó políticas sociales dirigidas a los menores, con recortes a la AUH, el Plan Cunita, Conectar Igualdad y la provisión de vacunas. Desde el Organismo de la Constitución, se denunció que la inversión real del Estado Nacional en las Áreas sociales, sanitarias y otras, desde que comenzó el actual Gobierno Nacional ha ido disminuyendo drásticamente. Ello se refleja en que cada vez hay más niños y que ahora también se suman los padres a los comedores escolares y que este Gobierno Nacional al no puede dominar la inflación y al vivir todos los argentinos en una economía totalmente dolarizada, el alcance a los alimentos básicos es prácticamente imposible, no solamente para las franjas sociales más vulnerables, sino también para sectores medios que desde hace tiempo se vienen alimentando mal. Así, la última vez que se aplicó en el país la emergencia alimentaria, fue a raíz de la crisis del 2001 y duró hasta el día 31 de diciembre de 2002. La Ley propone la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como instrumento para garantizar la alimentación de la población más vulnerable, menor de 16 años. De este modo, se incrementan las partidas presupuestarias para merenderos y comedores comunitarios, escolares y se contempla una distribución de 10 mil millones de pesos para fortalecer la asistencia. Por ello es inentendible que, en plena crisis económica y social, el Gobierno Nacional se resiste a aprobar la ley de Emergencia Alimentaria con el argumento de que sus alcances ya están contemplados dentro de la Ley de Emergencia Social que el Congreso aprobó en diciembre de 2016. El Defensor del Pueblo, resaltó que en la Provincia de Formosa el Gobierno Provincial ordenó el aumento de un 40% de las partidas para comedores escolares, lo que representa 120 millones de pesos anualizado para este servicio que se brinda en unos 1300 establecimientos educativos, de los niveles Inicial, Primario y Secundario. En este contexto, Gialluca señaló como desatinadas las afirmaciones del candidato a Vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto quien afirmó, “que quienes reclaman la emergencia alimentaria son gente que no labura y que con esto se busca debilitar al Gobierno Nacional, el cual le ha dado todo a estos sectores”. Es imposible comprender esta visión política y social, cuando la ausencia del Estado Nacional en todas las Áreas es tan evidente, que hasta la fecha no hemos tenido jamás una respuesta de la actual Ministra de Salud y Desarrollo Social Carolina Stanley, a quien este Organismo de la Constitución ya le peticionó hace tiempo atrás que declararan la emergencia alimentaria, dado que la crisis económica que atraviesa nuestro país es tan profunda, que se contrapone a decisiones unilaterales adoptadas por el Gobierno Nacional como la de imponer que el Salario Mínimo, Vital y Móvil sea fijado en $16.875, en tres cuotas de 12% en agosto, 13% en septiembre y un 10% en octubre, siendo que la Canasta Básica Alimentaria, llega actualmente a $32.000 para un hogar de cuatro integrantes.

Defensoria del Pueblo de la Provincia de Formosa - 2015 - By Neaservers