AFIRMÓ LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO QUE EL PROGRAMA INCLUIR SALUD, SE ENCUENTRA DESFINANCIADO POR EL GOBIERNO NACIONAL

Las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez son beneficios que se conceden desde el Estado a aquellas personas que padecen una discapacidad -mayor al 75%- y requieren una ayuda económica porque carecen de trabajo. Además de tener derecho al cobro de este, se le descuenta una suma de dinero para acceder a un programa conocido como Incluir Salud.

El programa anteriormente llevaba el nombre de PROFE- y estaba bajo control del Ministerio de Salud de la Nación. En la actualidad, se encuentra bajo la órbita de -Agencia Nacional de Discapacidad-. Este plan nacional de salud busca garantizar que todos aquellos titulares de dichas pensiones, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención sanitaria de alta calidad y que cumpla con todas sus necesidades. Entre otros servicios, el Plan tiene como meta garantizar a los titulares el acceso a los medicamentos del Plan Médico Obligatorio (PMO) y a los de alto costo, como los fármacos oncológicos, por ejemplo. Asimismo, tiene como objetivo facilitar la incorporación a dispositivos de rehabilitación e inclusión, al tiempo que quiere garantizar el acceso de los pensionados a tratamiento dialítico crónico y a la realización de trasplantes. Además de la población discapacitada que cobre una PNC, el beneficio va dirigido a tres grupos de personas específicos. Por un lado, a todos aquellos que sean titulares de pensiones asistenciales -madres con siete hijos o más, personas con discapacidad por invalidez laboral y mayores de 70 años en situación de pobreza. A la vez, incluye a los beneficiarios de pensiones por leyes especiales ex-combatientes de Malvinas, familiares de desaparecidos, precursores de la Antártida Argentina, ganadores de Premios Nobel u Olímpicos, entre otros. Por último, quienes cobren pensiones graciables también tienen acceso a este plan, es decir, todas aquellas personas designadas por legisladores del Congreso Nacional. Dada la fuerte desfinanciación por parte del Gobierno Nacional a este Programa, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la sede de la Defensoría del Pueblo a la cual, comparecieron: la Coordinadora del Programa Incluir Salud (Ex Profe) UGP Formosa: Dra. Juana María Canteros; el Responsable del Área Legal: Dr. Benicio Blanco; el del Área Contable: Cr. Hugo Rodolfo Dambra y la del Área PACBI (Prestación de alto costo y baja incidencia): Farmacéutica Diana Recalde. Los mismos fueron recibidos por el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, la Dra. Sylvina Portillo y los Asesores Letrados: Dra. Carolina E. Ruiz Diaz y Dr. Daniel Lezcano. La reunión permitió tomar conocimiento del circuito de los pedidos médicos y los motivos de los atrasos en el cumplimiento de dichas prestaciones. Canteros aclaró que se trata de un Programa Nacional de Salud dependiente de la Agencia de Discapacidad, que a su vez depende de la Vicepresidencia de la Nación y no una obra social, por lo que los beneficiarios son personas que poseen una PNC descontándosele al titular la suma de $137,00, pudiendo ser adherentes el conyugue y sus hijos menores. El Programa está obligado, ante las personas con discapacidad a la cobertura integral del 100% de todos los gastos de salud, conforme lo establecido por Ley Nacional de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad Nº 24.091. El mismo se ejecuta en la Provincia de Formosa en el marco del Convenio Nación-Provincia, suscripto a través del MDH, contando actualmente con 40.233 beneficiarios, cumpliéndose la atención médica a través de efectores públicos. Desde Nación los ingresos provienen de un pago -per cápita- de $280 y un -extra cápita- por un monto igual, y en el caso de los tratamientos de alto costo se efectúa por sistema de reintegro y también por cuenta y orden para once (11) medicamentos. El área contable y el área -PACBI- señalaron que las dificultades que se presentan actualmente son fundamentalmente económicas por las siguientes razones: a) Los valores de las prestaciones superan lo percibido para afrontarlos, cubriéndolos a través del presupuesto provincial; b) Recorte de prestaciones médicas por parte de Nación, traspasando a la Provincia los gastos, como diálisis, radioterapia y transporte a los centros de rehabilitación crónico y agudo; c) Las exigencias por parte de Nación en la presentación de documentaciones, como ser historias clínicas, informes y estudios médicos, etc. a cumplimentar por el beneficiario para obtener el reintegro y también por cuenta y orden, existiendo gran cantidad de rechazos, que impacta en lo ingresado -per cápita-; d) La falta de regularización de las transferencias per cápita y extra cápita que debe ser mensual y se hace cada tres meses aproximadamente los reintegros y por cuenta y orden que se perciben a 120 días de la facturación, repercutiendo negativamente en la adquisición de medicamentos, que en su mayoría son de alto costo, debiéndose recurrir a un reducido número de prestadores (por la falta de interés en contratar con el Programa) que se encuentran fuera de la provincia, cotizando en dólares y se efectivizan los pagos mediante entrega en efectivo. Por último, ambas partes, coordinaron mantener una comunicación ágil y fluida entre ambas instituciones, a fin de dar respuestas rápidas y efectiva a los reclamos de los beneficiarios que se presenten en la Defensoría del Pueblo.

Defensoria del Pueblo de la Provincia de Formosa - 2015 - By Neaservers