AFIRMO LA DEFENSORIA QUE IGUACEL DECIDIO QUE LOS USUARIOS Y NO LAS EMPRESAS PAGUEN LA DEVALUACION

-Se solicitó el acompañamiento de nuestro Representantes a la modificación del Proyecto de Ley Nacional Nº 26.020 declarando la Garrafa Social como Servicio Público-

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió en el día de ayer la suspensión de la medida que compensa a las empresas distribuidoras de gas y denunció al Secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel; por la Resolución que establece un aumento en la tarifa de gas retroactiva, que compensa a las empresas distribuidoras de abril a septiembre, por el aumento del dólar, y las diferencias que generaron. “Son los problemas que tienen las empresas, los usuarios hicieron el pago como corresponde”, indicó el Fiscal Federal. Los contribuyentes han hecho pagos y uno de los efectos del pago es la cancelación total, con lo cual no se puede en modo alguno quitarles la entidad jurídica que tienen justamente el acto del pago.
Con relación a la demanda por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, dijo que será materia de discusión si esa es la calificación que corresponda, pero el Código Penal lo prevé para aquellos que dicten Resoluciones contrarias a la ley y el efecto jurídico del pago es ley. Asimismo, reveló que en el sorteo entre los jueces federales de turno, la causa recayó en la jueza María Servini de Cubría, quien deberá analizar el tema, como la medida cautelar que suspenda la Resolución. Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa se sostuvo que teniendo en cuenta los hechos que se denuncian, resulta necesario dictar de manera urgente una medida cautelar suficiente mediante la cual se suspenda la aplicación del artículo 1 de la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía; puesto que si bien en principio esto va dirigido e impacta primeramente a los usuarios de gas por redes, no podemos avalar situaciones como las descriptas por parte de Funcionarios del Gobierno Nacional que luego podrían trasladarse a los usuarios de gas en garrafas pretendiendo defenderse a las empresas como siempre lo ha hecho y lo sigue haciendo el Estado Nacional. La cautelar remarca que la norma contraria a la ley estaría provocando un perjuicio económico a los usuarios, con el objeto de compensar a las empresas prestatarias. De esta manera, es necesario que de forma inmediata se suspenda la aplicación y efectos de la Resolución citada. En sus fundamentos, señala que la Resolución contempla un mecanismo de recupero de las diferencias diarias acumuladas correspondientes al período 01/04 al 30/09 del corriente, autorizando a las empresas distribuidoras del servicio de gas al cobro de cuotas durante el lapso de dos años, a partir del 1 de enero del año 2019. Mediante el dictado de la Resolución se genera una compensación a favor de las empresas contratistas y distribuidoras del servicio de gas, incrementando el costo mensual del servicio a sus usuarios y/o consumidores. El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca por otra parte, expresó nuestra adhesión al Proyecto de Ley que modifica la Ley Nacional Nº 26.020 “Régimen de la Industria y la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo”, a fin de garantizar el precio de referencia de la denominada Garrafa Social, la efectiva fiscalización y control del Estado Nacional y la oportuna declaración de la garrafa como un servicio público. Entendemos que la modificación de la norma tiende a favorecer a los sectores de menores recursos y que somos aquellos que todavía no poseemos gas natural por redes –espíritu que originariamente contempla la Ley- posibilitando mediante diferentes mecanismos la adquisición regular, confiable y económica de la garrafa. En la actualidad podemos ver que se ha reducido el subsidio de las mismas afectando su costo, con el agravante de que en algunos lugares, sobre todo del interior provincial, cuando ingresan garrafas, que no son de la Empresa REFSA-GAS, se especula con sobreprecios que pueden ser denunciados por ante esta Defensoría o por ante la Subsecretaría de Defensa del Usuario y Consumidor, ya que los empresarios siempre tienden a maximizar sus ganancias y el Estado siempre tiene que estar presente para que no existan abusos y para ello pedimos el acompañamiento de los consumidores que nos deben proporcionar anónimamente, datos de donde y quienes venden los tubos de gas por encima del precio de referencia que es un valor justo y razonable, por ello es que hemos pedido a nuestros Diputados y Senadores de la Nación a que acompañen y sancionen con fuerza de Ley el Proyecto de modificación de la Ley 26.020.

Defensoria del Pueblo de la Provincia de Formosa - 2015 - By Neaservers