IMPULSARÁ LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EL PROYECTO DE LEY DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍAS RENOVABLES

Desde la Defensoría del Pueblo se resaltó como altamente positiva el Proyecto de Ley de “Generación Distribuida de Energías Renovables”.

En esencia, esta “posibilitará el derecho en todo el país de que el usuario pueda autoconsumir e inyectar a la red energías renovables”, establecerá “un piso de las normas que se deberán cumplir en la instalación” y marcará “un antes y un después, será el nacimiento del usuario generador”. El punto de controversia más fuerte estuvo marcado por la oposición de las distribuidoras provinciales y cooperativas eléctricas, jugadores chicos del sistema que se declararon en riesgo ante la posible sangría en sus ingresos. Cuando un ciudadano consume la energía que genera, deja de consumir de la red. Y como la distribuidora recarga una parte de sus gastos operativos en ese consumo, temen desfinanciarse, pero finalmente se llegó a un acuerdo.
El primer paso será superar la evaluación técnica, luego de la cual el usuario-generador y el distribuidor suscribirán un contrato de generación eléctrica bajo la modalidad distribuida. Se trata de incentivar el autoconsumo residencial, que la generación sea para autoabastecerte. Un equipo básico para una casa sale unos $70 mil, desde ahí, el precio se va incrementando de acuerdo a las dimensiones. Se estima que la compra tarda en amortizarse de cinco a ocho años, con una vida útil de entre 20 y 25. Requiere un 50% del tiempo, o menos, para amortizarse y luego es gratis.
Por lo general, para alimentar con electricidad una vivienda mediana se necesitan varios paneles solares, o módulos fotovoltaicos, interconectados entre sí y fijados por una estructura metálica, que se pueden instalar sobre el techo, en el patio o el jardín. En principio, abastecen sin problemas la iluminación y electrodomésticos de consumo medio, como la tv, equipos de audio o computadoras, pero para un lavarropas, heladera o freezer, se necesita un equipo de tamaño más grande.
Además habrá que contar con un dinero adicional para cambiar los medidores convencionales por otros bidireccionales, que registran tanto el consumo como la generación de energía eléctrica. El acuerdo con las empresas es que la colocación de los nuevos medidores debe costar lo mismo que los tradicionales, para que no haya gastos excesivos que desincentiven el traspaso.
La distribuidora hará la transacción con el propietario del inmueble, quien tendrá que hacer la inversión salvo que llegue a algún acuerdo con el inquilino. Otro punto a tener en cuenta son los distintos niveles de radiación solar que tiene cada región del país, lo que brindará más o menos horas de autonomía. ¿Cómo medirlo? Es un terreno en el que aún estamos en sombras. La Red Solarimétrica Argentina, nacida en 1975, llegó a contar con 47 estaciones de medición, pero la falta de inversión la sacó de funcionamiento. La Universidad de Luján con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) confeccionan un mapa mensual sobre la radiación solar en la pampa húmeda, pero el avance definitivo debería darlo la esperada red EnArSol, un proyecto para recolectar datos en tiempo real con 30 estaciones interconectadas y distribuidas en todo el país.
El proyecto está dirigido a todos los clientes de distribuidoras que no integren el grupo de los grandes usuarios, sean residenciales o no. Las pymes ya están haciendo números y se dan cuenta de que será conveniente, porque tienen altos consumos y pagan una tarifa cara, por lo que la amortización será más rápida. Además tienen la capacidad de invertir. Para los residenciales se piensa casi exclusivamente en paneles solares, pero para un establecimiento industrial o agropecuario aparecen mejores posibilidades .Todavía resta definir la letra chica de un plan de incentivos, basado en facilidades de crédito para la compra de equipos y exenciones fiscales.
El proyecto también estipula la creación del Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables. La idea es que se constituya con recursos del Presupuesto Nacional, intereses de las financiaciones que se otorguen y aportes de organismos multilaterales de crédito. La apuesta es que para el primer año de entrada en vigencia de la ley el Fondo cuente con $500 millones.
Desde el Organismo de la Constitución, si bien se consideró que estamos en un año electoral, se gestionarán todas las medidas para que éste proyecto sea aprobado y beneficie en nuestra provincia fundamentalmente a las Pymes, grandes comercios, industrias, aserraderos, hospitales, escuelas, y otros grandes consumidores de energía eléctrica sin dejar de lado obviamente a los usuarios residenciales.

Defensoria del Pueblo de la Provincia de Formosa - 2015 - By Neaservers