SOLICITO LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A LA JUEZA DE MENORES DE CLORINDA SANCIONES PARA LOS PADRES Y MENORES QUE SE AUSENTARON VOLUNTARIAMENTE Y OCASIONARON EL DESPLIEGUE DE FUERZAS DE SEGURIDAD NACIONALES, PROVINCIALES Y DE TODA LA COMUNIDAD FORMOSEÑA

El Código Civil y Comercial introduce el concepto de “responsabilidad parental” reemplazando el término “patria potestad”.

La palabra “potestad”, de origen latino, se conecta con el poder que evoca a la “potestas” del derecho romano centrado en la idea de dependencia absoluta del niño en una estructura familiar jerárquica. Por el contrario, el vocablo “responsabilidad” implica el ejercicio de una función en cabeza de ambos progenitores que se manifiesta en un conjunto de facultades y deberes destinados, primordialmente, a satisfacer el interés superior del niño o adolescente. De la definición legal se deduce que se trata de un conjunto de deberes y después de derechos, haciendo primar las obligaciones de los adultos. Hace referencia a los progenitores, incluyendo en la palabra a las familias formadas por madre y padre, así como por dos madres y dos padres. Dispone su culminación en la mayoría de edad o emancipación del hijo. En este contexto desde la Defensoria del Pueblo de la Provincia de Formosa se le solicitó formalmente a la Jueza de Menores de Clorinda, Dra. Mirta Graciela Oviedo, que proceda en la Causa que se encuentra a su cargo, a la aplicación del articulo 1.754 del Código Civil y Comercial de la Nación donde establece que los padres son solidariamente responsables por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que puede caber a los hijos; ello “contra los progenitores de los menores Celeste Novillo de 17 años y Félix Chamorro de 16 años, quienes por su propia voluntad se ausentaron de sus domicilios y obligaron a toda la Comunidad en general y en especial de la Ciudad de Clorinda a movilizarse para poder encontrarlos, debiendo intervenir no solamente la justicia provincial, sino también la federal y además centenares de mujeres y hombres de las fuerzas de seguridad de la policía de la provincia, (el 25/04 el Área UR3 destinó más de 30 cadetes, 2 oficiales y otros integrantes que totalizaron una formación de 107 efectivos, 7 móviles, 4 motocicletas y 4 equinos que recorrieron los Barrios Porteñito, Libertad, 25 de mayo, ACA, Itatí, Belgrano, Guadalupe, entrevistando a la mañana 576 domicilios y por la tarde otros 349, totalizando 925 familias entrevistadas, posteriormente, en otros operativos que incluyeron otros sectores y zonas se utilizaron mas de 70 efectivos, 6 móviles, 4 motocicletas y en dicha oportunidad se entrevistó a 342 personas, sin contarse las múltiples reuniones llevadas a cabo con funcionarios de la EPES Nº 94, de la Justicia Provincial, y la elaboración de profusa folletería con la imagen de los menores buscados); de gendarmería nacional, prefectura naval argentina, servicios de inteligencia, Interpol, Ministerio de Justicia de la Nación, organizaciones como Missing Children y otras”, – durante más de un mes estuvieron alertas y movilizadas para localizar a estos menores-, que luego cuando fueron ubicados y en lugar de mostrar algún tipo de arrepentimiento o expresar ellos mismos la gratitud hacia todas las personas e Instituciones que se desplegaron en su búsqueda para hallarlos sanos y salvos, únicamente se conocieron que volverían a realizar esta misma o similar aventura, mostrando con ello un fuerte mensaje negativo hacia los jóvenes y también para toda la sociedad. El Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca señaló que el Organismo de la Constitución adjunto a la Juez la totalidad de las Actuaciones remitidas por el Comisario General Walter Arroyo Jefe de la Policía de la Provincia, los del Concejo Federal de Derechos Humanos, los de la Coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Victimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas y queda ahora al poder judicial cuantificar los costos que han tenido que afrontar los distintos organismos nacionales, provinciales y municipales y para ello se sugirió que se libren los Oficios Judiciales pidiendo la información correspondiente. Es que Institucionalmente entendemos que lo sucedido ha sido grave y si bien ha tenido un desenlace feliz, “el día de mañana esto podría ser imitado por otros jóvenes y allí la misma sociedad no acompañará en las ayudas solidarias y desinteresadas que tuvieron en esta ocasión” . Por ello cabria que tanto los padres como los menores sean sancionados dentro de lo que establece la normativa vigente y con ello enviar mensajes ejemplificativos y de lo que se debe hacer, en estos casos, mas aún en zonas de frontera como la que habitamos los formoseños.

Defensoria del Pueblo de la Provincia de Formosa - 2015 - By Neaservers